Nuevo Euskadi

Por Ricardo Pérez Z. y Wilson Quintero Q. | Bilbao | Octubre - Noviembre del 2008

BILBAO.- Con todo y crisis económica global, desplomes bursátiles y 'septiembres negros', el País Vasco seguirá requiriendo mano de obra extranjera a manos llenas. La población inmigrante se multiplicará con toda seguridad en los próximos años. No se trata de un asunto de coyuntura ni de voluntad; es una necesidad.

Fue el propio Lehendakari Juan José Ibarretxe el que reveló una cifra clave el 2 de octubre en la ceremonia de apertura de curso académico de la Universidad del País Vasco en Vitoria: Euskadi necesitará 90 mil trabajadores extranjeros en siete años. Poco más de 116 mil 600 migrantes estaban empadronados en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) en enero de este año, según la panorámica de migración de agosto del Observatorio Vasco de Inmigración.

El número de inmigrantes empadronados creció 60 por ciento desde 2005, a un ritmo de 20 por ciento anual. Sin pelos en la lengua, el Lehendakari Ibarretxe -que acababa de salir de una cirugía dental- señaló que los 90 mil trabajadores extranjeros serán necesarios para cubrir casi una tercera parte de las 250 mil plazas que abandonarán los vascos que se jubilen de aquí al 2015. Las otras 160 mil serán ocupadas por población autóctona.

'Habrá trabajo para todos', dice con confianza Xabier Andrés Uriarte, economista, politólogo y miembro del equipo técnico de la Bakeaz, entrevistado por NUEVO EUSKADI en la sede de la organización humanitaria en el Casco Viejo de Bilbao. Muchos de los empleos que se generen requerirán una mayor cualificación, pero de que habrá trabajo, habrá trabajo, asegura. 'Una cosa es la coyuntura y otra la estructura', afirma en tono didáctico. 'En la coyuntura hay vaivenes. Y ahora el vaivén va de forma negativa y es ahí donde se ve afectada la población extranjera porque está en los empleos casi fuera del sistema, pero estructuralmente tenemos una falla demográfica', explica. 'La única solución que tenemos es traer a los trabajadores y trabajadoras de fuera'.

De acuerdo con Uriarte, coautor del estudio 'Impacto Económico de la Inmigración extracomunitaria en la CAPV', publicado en marzo de este año, la crisis actual podría golpear a los migrantes en ramas como la hostelería y el servicio doméstico, pero el País Vasco no se verá mayormente afectado, como el resto del Estado, porque su economía no depende de esos sectores.

'El sector productivo vasco está basado en empresas de equipo y empresas industriales', asegura Uriarte. 'Por lo tanto se necesitará gente cualificada para este tipo de empresas. Y esa gente ya la tenemos aquí', alza la voz. Según el especialista, muchos extranjeros están calificados para acceder a estos trabajos, pero no lo hacen porque no tienen permiso o no han homologado sus títulos académicos.

Los gobiernos central y autonómico, los empresarios y los sindicatos tienen en sus manos las fórmulas para que estas personas se puedan incorporar normalizadamente a esta oferta de trabajo que va a existir en el futuro, asegura el experto.
Además, la llegada de trabajadores extranjeros ha ayudado a dinamizar la economía del país, según Oskar Arenas, responsable del Centro de Información al Trabajador Extranjero de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras Euskadi. 'La población inmigrante ha dotado al mercado laboral vasco de una flexibilidad que no tenía, flexibilidad que ha contribuido de manera decisiva a la bonanza económica que ha durado hasta hace dos días', asevera el sindicalista.

Algunas de las políticas migratorias de los Gobiernos europeos se contraponen, sin embargo, a estas necesidades, acepta Uriarte, de Bakeaz. 'Son políticas bastante instrumentales: 'queremos aquí a la gente para trabajar''. La Directiva del Retorno, por ejemplo, va a ser un fracaso, augura. 'Que digan que tenemos que recolocar a los extranjeros, pues me parece bastante adecuado en el sentido de que existen varios sectores productivos que sí los necesitan, pero la directiva no es una vía'.
El 25 de septiembre pasado, los Ministros de Trabajo e Interior de la Unión Europea acordaron la creación de la Tarjeta Azul, un instrumento para atraer a migrantes altamente cualificados, a los que se les permitiría trabajar en cualquier país de la UE después de 18 meses de residencia. Además, se les garantizaría el derecho a la reunificación familiar y que sus miembros también tengan permiso de trabajo.

Los migrantes podrán obtener una Tarjeta Azul si demuestran cinco años de experiencia en su campo profesional, presentan un diploma o título que implique al menos tres años de estudios posteriores a secundaria y tienen un contrato que como mínimo supere 1,5 veces el salario medio del país receptor, o sea unos 33 mil euros brutos anuales en el caso de España (El País 26/09/08). 'Es de alguna manera elitista (...) se está restringiendo la libertad de decidir a una persona de poder emigrar por las razones que sean. Esa política que está tomando la UE y el Gobierno español va a tener un efecto muy negativo en todo lo que es el movimiento migratorio' asegura Amaia Unzueta, técnica del área de cooperación e inmigración de Bakeaz.
La modificación a la Ley de Extranjería anunciada el mismo 2 de octubre por el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, mediante la cual los extranjeros sólo podrán traer a sus progenitores tras cinco años de estancia regular, se explica en este contexto. 'No queremos tener personas dependientes (...) Yo no creo que sea positivo, pero es lo que hay', dice sin cortapisas Xabier Andrés. Para Patxi Zabalo, investigador del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la UPV, estas políticas restrictivas no sólo chocan con las necesidades del país, sino que podrían beneficiar al crimen organizado.

'El creciente número de trabas puestas a la inmigración, desde los visados hasta las limitaciones anunciadas para la reagrupación familiar, son intentos de poner puertas al campo. Y sus únicos beneficiarios son las redes que introducen y explotan mano de obra en situación administrativa irregular: mientras unos ganan con los viajes clandestinos, otros se forran cubriendo puestos de trabajo con salarios de ganga', asegura el académico, entrevistado vía electrónica por NUEVO EUSKADI.
'Lo que resulta difícil de creer es que quienes diseñan esas políticas ignoren que éste es su resultado', remata. Unzueta coincide con su colega de Bakeaz en que a pesar de estas políticas a nivel Europeo y de la crisis económica, habrá trabajo, pero advierte sobre las condiciones, la precariedad y la explotación. El caso de 'muchísimas' mujeres empleadas en hogares (la mitad de mujeres inmigrantes en Euskadi trabaja en el servicio doméstico) es particularmente alarmante, afirma, pues no tienen contrato de trabajo y 'se están encontrando en situaciones donde se les está explotando, sobre todo las que están trabajando en régimen de internas'.
'Existen unos derechos que por lo regular desconocemos y sobre todo nosotros como inmigrantes en algunas ocasiones nos da hasta temor de exigirlos', estima James Brito Arcila, un economista colombiano que trabaja como técnico de ordenadores en Bilbao. para Brito Arcila, la mejor defensa es el contrato colectivo de trabajo.

Oskar Arenas coincide con él. 'El mejor arma siempre ha sido, y lo seguirá siendo, la negociación colectiva. En CCOO de Euskadi siempre se ha promovido este instrumento porque es la vía para asegurar y progresar en los derechos y garantías que asisten a todas las trabajadoras y trabajadores. A todos, porque un convenio colectivo se aplica, por ejemplo, a quienes trabajan en una empresa pequeña exactamente igual que a quienes trabajan en una empresa grande; y se aplica también a los nacionales de otros estados exactamente igual que a los nacionales españoles.
'En este sentido las y los trabajadores autóctonos tienen que entender que la defensa de los derechos de las y los trabajadores inmigrantes es la defensa de sus derechos. Y viceversa, las y los trabajadores inmigrantes tienen que tomar conciencia de que la defensa de las condiciones de trabajo del entorno en el que viven y trabajan, de la negociación colectiva, de los convenios colectivos, redunda en su propio beneficio'. En su exposición en la apertura del curso académico de la UPV, el Lehendakari Ibarretxe no detalló que tipo de empleos tendrán que ocupar los obreros extranjeros. Por lo pronto, 'habrá millones y millones de dinero de obra pública', prevé Uriarte, quien cita la construcción de la 'Y' vasca y otras obras de infraestructura ya iniciadas, que requerirán mano de obra migrante. 'Está por ver si la obra civil contrarresta la menor edificación de vivienda', acota el profesor Zabalo, de la UPV.
De cualquier manera, si el ritmo de crecimiento de población inmigrante en Euskadi se mantiene como hasta ahora, en 2015 este colectivo habrá crecido 140 por ciento. La población originaria de otros países podría llegar a rondar las 400 mil personas. Casi un 20 por ciento de la población actual de la CAPV.
Un contingente de cientos de miles de personas que buscarán construir una vida y un futuro mejor en un país que, poco a poco, empieza a abrir los ojos a las dimensiones de un fenómeno ya irreversible. Cualificados o no cualificados, Euskadi seguirá teniendo hambre de trabajadores. Noventa mil para los próximos siete años. No se trata de un asunto de coyuntura ni de voluntad; es una necesidad.

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