Nuevo Euskadi

Por Ricardo Pérez Zúniga | Bilbao | Octubre - Noviembre del 2008.

Bilbao, País Vasco.- Treinta y cuatro mujeres nicaragüenses han perdido la vida en los últimos dos años por no haber interrumpido su embarazo. Durante 132 años, el aborto terapéutico fue legal en Nicaragua, pero el 26 de octubre de 2006, los diputados del Frente Sandinista y de otros partidos votaron en bloque y derogaron el artículo del Código Penal que establecía que una interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación sería posible si tres médicos consideraban que la vida de la madre estaba en peligro.

Hoy en día, las mujeres que se sometan a un aborto y los médicos que lo practiquen se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión.
En una sola sesión, los miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua echaron por tierra décadas de lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nicaragüenses y convirtieron al pequeño país centroamericano en uno de los cuatro Estados del mundo en los que el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia.

Más de 50 recursos de inconstitucionalidad han sido interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, que este otoño tendrá que hacer un pronunciamiento. El movimiento feminista de Nicaragua, por lo pronto, ya planea llevar el caso a las cortes internacionales y ha convocado a una manifestación en Managua para el próximo 26 de octubre, justo dos años después del golpe de la Asamblea.

A decir de Klemen Altamirano, destacada luchadora feminista, coordinadora de la Colectiva de Mujeres de Masaya e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres y de la Red de Mujeres contra la Violencia, la abolición del aborto es sólo una expresión de la violencia institucionalizada de la que están siendo víctimas las nicaragüenses bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega.

"Uno de los elementos que caracteriza a este Gobierno es la misoginia, el odio a las mujeres", explica Altamirano a NUEVO EUSKADI. "Daniel Ortega no nos va a perdonar jamás que hallamos acompañado a su hijastra (Zoilamérica Narváez) en la denuncia de abuso sexual; él eso no lo va a perdonar", subraya la activista, entrevistada en el marco de los talleres sobre mujeres y globalización, auspiciados por la organización Mundubat y por la Escuela de Empoderamiento para las Mujeres de Basauri.
 
De acuerdo con Altamirano, en Nicaragua siguen muriendo mujeres por causas evitables, no se respeta la maternidad voluntaria, las mujeres no participan en el diseño de políticas públicas que les afectan directamente, no hay acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. La Corte Suprema no actúa con diligencia para disminuir la impunidad y retardación de la justicia en los casos de violencia contra las mujeres.

Un estudio de 2007, puntualiza la también psicóloga, reveló que en 50 por ciento de los procesos por violencia y abuso sexual, el acusado ha sido absuelto. Los delitos de violencia física, psicológica y sexual son tipificados como faltas para ser llevadas a mediación. La reciente Ley de Igualdad de Oportunidades considera normal el embarazo de niñas y no hace mención alguna a las enfermedades de transmisión sexual, al VIH o a los embarazos adolescentes. Y el manual de sexualidad que difunde el Gobierno fue elaborado por la jerarquía católica.

A finales de 2006, ante el revuelo causado por la abolición del aborto terapéutico, la oficina del entonces presidente Enrique Bolaños alegó en un comunicado que uno de los objetivos de la ley es que no se encubran los actos delictivos bajo la figura del aborto terapéutico, "por medio del cual se ejecutan diariamente en el vientre materno a niños inocentes". (El Mundo 27/11/2006).

Para Klemen Altamirano, el retroceso en materia de derechos humanos con respecto a lo conseguido durante las décadas de los 80 y 90 inició con el Gobierno de Arnoldo Alemán y recrudeció con la llegada de Ortega a la Presidencia en enero de 2007. El pacto -explica la activista- entre Alemán, Ortega y el arzobispo de Managua, Miguel Ovando y Bravo, para encubrir y mantener en la impunidad los abusos sexuales del líder sandinista, y los delitos de corrupción del ex mandatario liberal y del Cardenal, ha hecho un daño terrible al movimiento feminista.
 
Pero esta situación de vulnerabilidad y discriminación no termina ahí. De acuerdo con la coordinadora del Colectivo de Mujeres de Masaya, las mujeres organizadas están siendo perseguidas por el Estado. Nueve integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia han sido acusadas de complicidad en el abuso sexual de Rosita, la niña de nueve años que fue violada y quedó embarazada y cuyo caso estremeció al mundo. También han sido acusadas del delito de asociación para delinquir, una figura jurídica que se usaba para perseguir y encarcelar a los disidentes políticos durante la dictadura somocista y que, ahora paradójicamente, están empleando los sandinistas.

Otras organizaciones feministas han sido acusadas de malversación de fondos y otras más han sido amenazadas. "Sabemos que nos pueden procesar al resto y tenemos que estar listas, pero por eso les estamos diciendo que no tenemos miedo y por eso es que nos tienen miedo", sentencia Klemen Altamirano. NUEVO EUSKADI solicitó una entrevista con la Embajada de Nicaragua ante el Estado español, pero no obtuvo respuesta.

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