JORDI ÁLVAREZ CAULES / WILSON QUINTERO / Bilbao Abril 2008
Los mismos requisitos exigidos a una persona de aquí. Incluso si están trabajando en situación irregular pueden afiliarse. Esto en virtud a la sentencia ganada en esta materia el año pasado que recoge el derecho a sindicarse independiente de la situación legal.
Dentro de ELA existe una serie de líneas transversales como género, jóvenes, y ahora inmigración, la línea de trabajo más reciente creada hace tres años, porque son los sectores que más sufren la precariedad. Esto quiere decir que no hay un punto aparte para atender a la población inmigrante, sencillamente porque creemos que cuando se hacen diferencias comienzas a discriminar. El área de inmigración trata de impulsar la sensibilización y la reivindicación de los derechos de las personas inmigrantes.
Trabajamos en temas de denuncia y reivindicación, y en la exigencia de los derechos socio laborales para todas las personas. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando el tema de información dirigido a las personas inmigrantes, creemos que deben conocer el recorte de derechos que se está planteando desde diferentes leyes. Por ejemplo, la de Servicios Sociales, la Ayuda de Emancipación para Jóvenes, o la ley de Garantías e Inserción Laboral. A través de estas leyes se ofrecen servicios y ayudas a la ciudadanía, como las Ayudas de Emergencia Social (AES), pero no de una forma igualitaria, la población inmigrante tiene muchas restricciones para acceder a estos servicios. El problema es que la persona inmigrante no tiene acceso a la ley, ni el tiempo para conocerla y enterarse de qué derechos tiene.
Creemos que es así, por esto una de las estrategias más trabajadas en ELA es la elaboración de documentos sencillos para que la gente tenga conocimientos de sus derechos y los procedimientos para acceder a ellos.
Estamos en contra de la manera como se están llevando a cabo. Es la esclavitud de este siglo. Estas personas vienen a merced del empleador. En muchas ocasiones no se les empadrona y su alta a la seguridad social se da en el país de origen. Su documento de identificación está condicionado muchas veces a la empresa, al sector laboral y al ámbito geográfico. Además el empleador o empleadora debe proporcionarles la vivienda y hacer que retornen al país de origen en cuanto termine la relación laboral. Todo lo anterior crea absoluta dependencia con el empleador, una situación que no tiene seguimiento por parte de ninguna institución, y que por supuesto limita a estas personas a la hora de exigir sus derechos. Actualmente apoyamos procesos desde una perspectiva amplia, exigimos los mismos derechos para todas las personas.
Totalmente. Esta ley es racista, xenófoba, y confusa, porque por ejemplo en una de sus disposiciones expone que de manera excepcional las personas que denuncian tienen derecho por razones humanitarias a que se les dé un permiso de residencia y trabajo, pero lo que vemos en la práctica es que a una persona inmigrante sin papeles que denuncia a su empleador por explotación laboral, el paso siguiente es que se le abra un proceso de expulsión. En lugar de castigar al que está explotando se castiga al explotado. Agregaría que discrimina tanto como otras leyes.
Sí, cuando la persona trabajadora está de acuerdo y si tenemos fuerza sindical en la empresa.
Similar a la que se produce en otros ámbitos sociales. Pensamos que es bueno fomentar estas relaciones, que son enriquecedoras por todas las personas. Tenemos que tener claro que pertenecemos a una misma clase, a la clase trabajadora, y que sólo juntos podemos defender nuestros derechos.
La participación es en el conjunto de los órganos del sindicato, y a día de hoy tenemos sobre todo delegados y delegadas de Latinoamérica y Marruecos.
Nosotros reivindicamos que toda persona que viva aquí, pueda votar y ser votado.
Estamos frente a un paisaje muy diferente al que se vivía hace unos años, y el día a día va a conseguir que las personas inmigrantes vayan conociendo poco a poco sus derechos y deberes.